Comerciantes y transportistas unieron esfuerzos en una mesa de trabajo con integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para combatir la extorsión, atender los abusos de autoridad y reforzar la seguridad en las carreteras. En el encuentro, realizado en la Secretaría de Gobernación, CONCANACO SERVYTUR México, CANACAR, HAMOTAC, FEMATRAC e INDECO llevaron a la mesa las prioridades de ambos sectores y acordaron con las autoridades federales una ruta de coordinación y seguimiento.
El autotransporte de carga traslada las mercancías de los comerciantes y abastece a negocios familiares en todo el país. Cuando un operador sufre un robo o una extorsión, se pone en riesgo su vida y se interrumpe una entrega de la que dependen comercios, proveedores y familias. Esa relación explica por qué ambos sectores trabajan unidos para proteger a quienes llevan la carga y a quienes la reciben y venden.
CONCANACO SERVYTUR México ha convocado constantemente a mesas con autoridades y representantes del comercio, los servicios y el turismo para documentar casos de extorsión, facilitar la denuncia y exigir atención institucional. El asesinato de uno de los líderes del sector comercio de CONCANACO en el norte del país, tras denunciar la extorsión de una gran cadena comercial en Nuevo Laredo, dio mayor urgencia a esta agenda y puso de relieve la necesidad de proteger a quienes alzan la voz.
La Confederación impulsó la agenda legislativa que culminó con la aprobación de la ley contra la extorsión. En paralelo, promueve el Pacto contra la Extorsión, cuya ruta territorial comenzó en Tijuana y que se ha firmado en 22 entidades federativas. Este esfuerzo, impulsado junto con la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares G32, busca que la coordinación entre autoridades y sectores productivos se traduzca en prevención, atención a las víctimas y seguimiento de las denuncias en cada entidad.
En la mesa se acordó estrechar la colaboración con las fiscalías estatales e impulsar criterios comunes para agilizar la liberación de unidades involucradas en hechos delictivos. También se acordó avanzar en una estrategia conjunta contra la extorsión y los abusos de autoridad, con mecanismos que faciliten la denuncia y el seguimiento de cada caso.
Las organizaciones plantearon reforzar los operativos y habilitar canales directos de comunicación con la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República (FGR), en complemento a los existentes con la Guardia Nacional. También se analizará el uso de herramientas tecnológicas para prevenir e identificar delitos y mejorar la protección de los operadores y sus unidades.
