Por Blanca Aarun López
La violencia contra niñas y mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más extendida, persistente y devastadora del mundo actual sobre la que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, asimismo debido al silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.
Los efectos psicológicos adversos de la violencia al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva afectan a las niñas y mujeres en todas las etapas de sus vidas. Dicha violencia es consecuencia de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, así como de la discriminación en razón de género.
Sin importar su origen, edad, condiciones sociales, religión, identidad de género u orientación sexual, todas las mujeres y niñas, están expuestas al riesgo de ser víctimas de violencia; sin embargo, la intersección de diferentes variables, como la pertenencia étnica, la condición de discapacidad, el estatus migratorio y la pobreza, entre otras, aumenta su vulnerabilidad y las condiciona a enfrentar barreras adicionales para acceder a la justicia o a servicios de apoyo.
La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas es una prioridad del Estado Mexicano que se ha consolidado en los últimos años, con un amplio marco jurídico para la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas, emanado de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; asimismo con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, que ordena que los tratados internacionales, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), adquieren rango constitucional.
Sin embargo, esto no ha representado el gran cambio que se esperaba en el diario vivir de mujeres y niñas. La violencia al ser estructural permea diversos ámbitos que tendrán que deconstruirse y cuestionarse uno a uno. Siendo algunos de ellos muy profundos y sumamente arraigados, como lo son: el lenguaje, la cultura, las tradiciones, los sistemas, etc. Inclusive muchos de ellos, tienen tal profundidad, que se han normalizado e invisibilizado, además de que en muchas ocasiones el castigo era tal, por ejemplo, la hoguera, para quien lo cuestionara que se dejó de hacer.
El sistema patriarcal está diseñado para fungir como juez y determinar que es lo correcto e incorrecto, lo moral e inmoral, lo bueno y lo malo, es así como se perpetua el dominio y el poder para unos cuantos, esclavizando en todas sus premisas a las niñas y mujeres, que desde pequeñas son educadas o mejor dicho adiestradas para creer que “ser mujer” tiene varias implicaciones que las hace posicionarse en segundo plano.
Una de las instituciones más arraigadas dentro de dicho sistema es la heterosexualidad obligatoria que va de la mano con la institución del matrimonio y por supuesto la monogamia, que podrían ser consideradas las nuevas formas de esclavitud para las mujeres. Para superar esto, se tendrían que destruir desde todos los ámbitos las categorías “hombres” y “mujeres” tal y como se conciben en la actualidad. El simbolismo que carga cada concepto ha generado desigualdad, injusticias, violencias, dolor, censura, represión y muchas muertes en su mayoría hacia las mujeres.
Pretender revertir esta situación con un par de programas o algunas leyes es, en el mejor de los casos, ingenuo, no basta con pretender que se interesan por la agenda de las mujeres, se necesitan acciones reales y la participación de todas las personas.
