La diputada Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que es preciso sanear y transparentar todos los procesos internos del Instituto Nacional Electoral (INE).
“No puede el INE ser una fachada de negocios al amparo del poder público, ni para enriquecer a una burocracia dorada; debe haber austeridad republicana. No puede aceptarse la confabulación para legalizar fraudes electorales como ha ocurrido en el pasado”, aseveró en conferencia de prensa.
En ese sentido, consideró que la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, tiene que rendir cuentas, pues ella llegó ahí para transformar al INE y se montó en el nido de corrupción que había.
Padierna Luna subrayó que la prioridad en este momento es investigar los hechos denunciados, acreditar todas las responsabilidades para lo cual se han recabado pruebas para tener todo el sustento legal para que no haya marcha atrás, ni impunidad. “Se está en una línea de trabajo para recuperar recursos públicos y para garantizar que ninguna irregularidad quede impune”, manifestó.
Pero, dijo, otra ruta es el informe que el viernes pasado mostró en la Cámara de Diputados el Órgano Interno de Control del INE y, sobre todo la Auditoría Superior de la Federación, que tiene una investigación iniciada del 2014 al 2025, pero él ha tomado la decisión de ir incluso hasta el 88, porque hay datos de estas empresas que remiten a ese año.
“La información que los órganos de control dieron en esta Cámara son extremadamente relevantes, hablan de una red de empresas vinculadas entre sí que durante décadas ha obtenido contratos para suministrar material electoral tanto al INE como a los OPLES y particularmente tenemos los datos muy fehacientes de los OPLES de Veracruz, de Nuevo León, de Hidalgo, de Oaxaca, de Puebla y de Jalisco, que entre 2014 y 2023 tienen contrataciones demasiado voluminosas para el tamaño de los institutos”, precisó.
Agregó que, del Órgano Interno de Control del INE y la ASF se pueden determinar hallazgos muy importantes que todos tienen la misma característica: concentración de los contratos en cuatro o cinco empresas, simulación de competencia, van a la licitación, pero son el mismo grupo relacionado, el uso de intermediarios, ser empresas coyote, ser empresas fantasma, que no tienen trabajadores, que no tienen maquinaria para producir lo que está diciendo el contrato en la licitación que, entre comillas, ganaron. Empresas fachadas que son ilegales desde 2019 a la fecha para subcontratar.
“Las empresas relacionadas de los hermanos Hernández Casillas están bajo investigación legal y también tendrán que rendir cuentas, así como los funcionarios del INE que prohijaron esa red y las y los consejeros del INE y los OPLES involucrados en esta red de corrupción”, reiteró.
La diputada comentó que, de momento, la ASF investiga todas las irregularidades en la asignación de contratos; el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera los posibles delitos de lavado de dinero y de operaciones financieras irregulares de empresas “factureras” y la Fiscalía General de la República ya tiene denuncias levantadas y otras que seguramente se van a interponer.
