Foto. idet.org.mx
Ante la toma de posesión del nuevo Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la decisión tomada por la Fiscalía General de la República de exonerar al General Salvador Cienfuegos, detenido por la DEA en Estados Unidos y regresado a México a finales del año pasado, luce precipitada, desaseada y conlleva importantes implicaciones para la relación entre ambos países.
El Departamento de Justicia del vecino país del norte, no se ha quedado con los brazos cruzados, y ha declarado que retomará el proceso de juicio contra el General Cienfuegos, derivado de las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en las cuales califica de mentirosa a la DEA y establece que la acusación contra el militar, no tiene evidencias ni fundamentos.
Todo esto genera un mal antecedente y un contexto adverso para nuestro país mediante el cual, se normará la relación entre México y Estados Unidos, que en estos momentos ya estiro la cuerda, al parecer innecesariamente.
Así mismo, esta decisión afecta de manera directa la solicitud de regresar a Genaro García Luna, a quien el Gobierno mexicano quería traer a México y seguir el mismo camino que el General Cienfuegos. Considero que García Luna enfrentará el juicio al que está sujeto en Estados unidos y no tengo duda que va a “cantar”, bien y bonito. Seguramente veremos los nombres de funcionarios, militares y empresarios, con acusaciones legales o bien trascendidos, ligados al narcotráfico.
La exoneración del General Salvador Cienfuegos provocará que las Agencias de Seguridad de Estados Unidos refuercen su accionar en nuestro país, generen nuevas investigaciones y den a conocer las ya iniciadas. Por su parte, el Departamento de Justicia Estadunidense no se va a permitir quedar en ridículo internacional. Pronto habrá un costo político, una detención importante, escandalosa y la afirmación constante de que México es un narco estado, como lo han señalado.
Por otro lado, la lectura que le darán a estos hechos los cárteles y en general el crimen organizado, es que tratan con un Gobierno débil y atado de manos ante las presiones de la milicia. Seguiremos observando la guerra que estas organizaciones de delincuentes libran en diferentes estados de la República y un incremento de la inseguridad pública. No más, no menos.
Seguramente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo cercano han valorado estas implicaciones, vaya, no descubrimos nada nuevo, y a pesar de ello, preocupa que decide enfrentar un problema serio con las instituciones de seguridad del Estados Unidos, a cambio de no conflictuarse con los altos mandos del ejército mexicano.
Por más respetable que sea la milicia en nuestro país, no debe someter a ninguno de los tres poderes emanados de la Constitución y de la democracia. De seguir permitiéndose esto, estamos a las puertas de un autoritarismo de tipo militar.
