En el Congreso del Estado la diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa para reformar el artículo 135 Sexties de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, deban exigir como requisito indispensable la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, para la tramitación, expedición, autorización, registro o renovación de licencias de conducir, obtención de pasaporte, solicitudes de matrimonio, así como para participar como candidato a cargos de elección popular.
La iniciativa fue dirigida a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su estudio y resolución procedente.
Por otra parte, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, con el propósito de considerar, dentro de la tenencia responsable por parte de las personas propietarias o poseedoras de un animal, el asegurar su cuidado para evitar la transmisión de plagas, e incluir dentro de la definición de “trato humanitario” la realización de acciones que eviten temor, molestias o lesiones a los animales.
La iniciativa, que propone reformar las fracciones XXXVII y XXXIX del artículo 3 de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
La diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para reformar el artículo 73 de la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado, con el propósito de fortalecer la corresponsabilidad comunitaria, promover la equidad y la convivencia vecinal, así como garantizar la actuación oportuna de las autoridades en la atención y resolución de solicitudes de regularización, lo que permitirá consolidar un modelo de participación ciudadana responsable, en el que las comunidades organizadas se conviertan en aliadas estratégicas del orden urbano, la prevención social de la violencia y la mejora del entorno habitacional, sin desplazar ni debilitar el papel del Estado.
