Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hacen un llamado a los Senadores de la República, para que no avalen las modificaciones a leyes secundarias en materia electoral que fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, tras la negativa de diferentes fuerzas políticas a la Reforma constitucional en esta materia, que fue impulsada por el Ejecutivo Federal.
Reconocemos a las y los Diputados que rechazaron primero la reforma constitucional, y luego los cambios a las leyes secundarias que fueron votadas ayer en la Cámara de Diputados; actuaron en coherencia con la lucha que durante más de 30 años ha encabezado la ciudadanía, para evitar que sea el gobierno el que organice las elecciones.
Celebramos que en una primera votación, los legisladores de la oposición hayan expresado su negativa a una iniciativa regresiva, que atentaba contra la neutralidad y autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que se nutre de la participación ciudadana, que actúa en apego a la ley electoral y cuyas decisiones son revisadas o revisables por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ha avalado en su enorme mayoría, las decisiones del INE.
El rechazo a la Reforma constitucional en materia electoral debe considerarse un triunfo de la ciudadanía que, a través de diferentes acciones pacíficas, ordenadas y respetuosas, levantó la voz e hizo sentir su rechazo a una propuesta que nació sin atender los esfuerzos y luchas de la sociedad por fortalecer la democracia en el país.
Condenamos que, pese a las expresiones ciudadanas, desde el Ejecutivo Federal y abusando de su mayoría parlamentaria, se optara por aprobar en fast track, sin que los legisladores conocieran siquiera el contenido de lo que se iba a votar, sin opiniones técnicas, sin diálogo, de forma desaseada y sin llevar a cabo el debido proceso legislativo, sin un análisis profundo y sin una discusión amplia en comisiones antes de llevarse al pleno, las reformas a leyes secundarias, conocidas como el “Plan B”, vulnerando al INE, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´s), así como al TEPJF.
El llamado Plan B representa un amago en contra de la Democracia, y un desafío a los millones de ciudadanos que se manifestaron en todo el país; es una maniobra para desmantelar los organismos electorales y allanar el camino para elecciones con influencia del gobierno. No es fruto del consenso, sino de una imposición.
