La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoce los argumentos jurídicos y la defensa de la Constitución de la mayoría de las ministras y los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que decidieron, con 9 votos a favor y 2 en contra, declarar la invalidez de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral debido a violaciones graves al proceso legislativo.
La resolución preserva el orden democrático y el Estado de Derecho, con ello la Suprema Corte defendió los derechos de los ciudadanos para que toda reforma legal cumpla con el debido proceso legislativo. En democracia las mayorías no pueden atropellar ni a la ley ni a las minorías.
COPARMEX AGREGA QUE JUNTO CONabe resaltar que junto con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), señalaron que en la aprobación de las modificaciones que integran la primera parte del Plan B, no se garantizó el adecuado proceso legislativo que se establece en los artículos 71 y 72 de la Carta Magna.
Consideran que la resolución se dio en un marco de estricto apego a la Constitución, al invalidar en su totalidad el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 27 de diciembre de 2022.
El decreto vulneraba el proceso legislativo respecto al derecho de deliberar y discutir las iniciativas de ley, como derecho de participación política, ya que no había fundamento alguno para que el proyecto se tramitara como “de urgente y obvia resolución”, ni para dispensar los trámites formales, necesarios para una adecuada discusión y aprobación de reformas, sobre todo por la trascendencia social de las que estaban a discusión.
Luego de la deliberación en el Pleno de la SCJN, la COPARMEX considera que puede celebrarse la efectiva separación de poderes; reconocen que la mayoría de los ministros hayan privilegiado el orden constitucional frente a las presiones de índole política. Además reiteran su confianza en la Suprema Corte y en su trascendental rol en la defensa y respeto al Estado de Derecho. Con su actuación independiente y apegada a la ley ganaron todos los mexicanos.
Reiteramos que el llamado Plan B, en su totalidad, no vela por el respeto a los derechos político-electorales de las y los mexicanos, por lo que confiamos en que la SCJN mantenga su postura firme de impedir que en nuestro país se transgreda la Constitución.
