A escasos 20 días de que hayan transcurrido siete años de los lamentables hechos ocurridos en el estado de Guerrero el 26 de septiembre de 2014 –los primeros cuatro años desgraciadamente, bajo la opacidad de las investigaciones–, representantes del Estado mexicano se reunieron con una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revisar el caso de los 43 estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
La visita de la delegación de la CIDH tiene el objetivo de fortalecer los trabajos de cooperación y coordinación internacional para el caso Ayotzinapa, como el que actualmente existe con esta Comisión, para brindar asesoría técnica para su esclarecimiento.
Durante su intervención, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta, resaltó que, como parte de la política exterior en materia de derechos humanos, uno de los pilares esenciales es la colaboración y diálogo con los organismos internacionales en derechos humanos.
Reafirmó que “un compromiso claro es el cumplimiento del derecho humano a la verdad, en su doble dimensión, la primera de ellas consiste en el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad respecto a los hechos que dieron lugar a las graves violaciones de derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron. En segundo, en el derecho de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que esos actos se cometieron”.
La comisionada y relatora para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño, destacó que el modelo de trabajo para el caso Ayotzinapa ha servido de inspiración para otros grupos de trabajo en otros países de la región.
