En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), afirman que la reciente iniciativa de reforma constitucional sobre el sector eléctrico presentada por el Ejecutivo Federal, es rechazada por ser contraria al bienestar de los consumidores de electricidad y limita la competitividad, misma que es esencial para el desarrollo social y económico del país.
Coincide en la importancia de continuar fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en beneficio del pueblo de México, aunque se dicen convencidos de que la mejor forma de consolidar al sector energético en México es a través de la creciente colaboración entre los diferentes actores, sean públicos o privados, mediante una participación integral y no excluyente.
Coparmex establece que la inversión privada al sector energético es y será determinante para abastecer de energía a los hogares mexicanos y a los negocios que activan la economía de este país, y que a su vez incentiva el desarrollo social. Agrega que la aprobación de la Reforma Constitucional desincentivará las inversiones de privados que realizaron sus modelos de negocios bajo el amparo de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
Para que las familias paguen menos por sus gasolinas, gas y, en este caso, electricidad, es necesario que haya más competidores y mayor oferta. Esta iniciativa cierra la puerta a la competencia y es un hecho que de aprobarse, en el corto plazo, generará desabasto, apagones y tarifas cada vez más caras para las familias mexicanas.
Por otra parte, Coparmex insiste en que la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a la CFE tendrá como resultado la eliminación de la competencia, aumentará las ineficiencias en el Mercado Eléctrico, ya que la CRE tiene la función crítica de establecer reglas claras y promover la certeza legal y regulatoria en el mercado energético como un ente autónomo desligado de los ciclos políticos. Para ello, cuenta con instrumentos relevantes: otorgar permisos, establecer reglas de participación, publicitar información, establecer tarifas, etc. Además, en el T-MEC, México se obliga a mantener organismos reguladores autónomos que brinden la certidumbre necesaria para la participación privada en los sectores estratégicos.
