Ha trascendido que desde el año pasado la Secretaría de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez ha retirado el presupuesto a los organismos auxiliares que se encargan de la vigilancia Epidemiológica Fito zoosanitaria, Pecuaria, Agrícola y Acuícola del Estado de Puebla, el cual, se utilizaba para la gestión de acciones dedicadas al control y erradicación de plagas y enfermedades que afectan a las principales actividades agropecuarias en el Estado, por lo que ahora éstos instrumentos se operan únicamente con recursos federales.
A diferencia de años pasados el proceso de distribución de los recursos ha cambiado; anteriormente el presupuesto debía ser depositado en el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del estado de Puebla “FOFAEP” para después ser otorgado a los organismos auxiliares del estado, sin embargo, por la mala relación que hay entre las autoridades responsables y los retrasos del otorgamiento en años anteriores que impedían el correcto funcionamiento de estos organismos, en diciembre del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de operación que dictaminan que durante el ejercicio 2022 el recurso debe de ser otorgado y gestionado directamente por los organismos auxiliares estatales.
Lo anterior, afecta directamente los intereses de la Secretaría de Desarrollo Rural, debido a que en diversas reuniones ha dejado en claro su descontento con esta situación y su intención de administrar estos recursos por medio del “FOFAEP”, por lo que se niega a firmar el anexo técnico requerido por los lineamientos publicados que da autorización a los organismos auxiliares de la ejecución de los más de 60 millones de pesos otorgado por la Federación.
Consecuencia de ésta decisión de Ana Laura Altamirano Pérez, dejó a Puebla como el último y único estado de la republica que a 6 meses de haber empezado el año, no puede operar los programas de vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias y campañas e inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera poniendo en riesgo la sanidad del Estado y comprometiendo los estatus zoosanitarios obtenidos a nivel nacional e internacional, lo cual repercute directamente en el precio de venta de los productos y su control sanitario
Aunado a lo anterior más de 250 personas dedicadas a la ejecución de estas actividades no han recibido su salario en mas de 5 meses, por lo que es imperativo que se ponga una solución a esta situación, la cual resulta contrastante con el trabajo que el Gobernador Miguel Barbosa Huerta, ha realizado por la salud de las y los poblanos.
