No dar el tiempo adecuado para la implementación de la reforma en materia de subcontratación tiene como consecuencia el riesgo de perder empleos y afectar a por lo menos tres sectores de la economía, por lo que en la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) lamenta que desde el Gobierno federal se insista en no dar prórroga a la entrada en vigor de esta legislación.
Entre los sectores que consideran tendrán la mayor afectación se encuentran el de la construcción, el de seguridad y el de servicios de promoción de productos en pisos de venta.
Desde las discusiones previas a la aprobación de la reforma, en el mes de abril, Coparmex solicitó que el plazo de entrada en vigor fuera al primero de enero de 2022, por estar inmersos en una condición de pandemia y las inconveniencias que esto representaba. Posteriormente, publicada la reforma, se hizo nuevamente esa petición por considerar insuficiente el plazo para todas las adecuaciones en las que se verían inmersas las empresas; lo señalado quedó comprobado con la prórroga que se concedió al 1° de septiembre, aunque nuevamente destacamos era insuficiente y que debía homologarse con el plazo concedido a las empresas del sector público.
De acuerdo con cifras oficiales actualizadas, 106 mil empresas habían iniciado el trámite en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y solo 48 mil 444 lo habían obtenido.
Pese a que este registro continuará para que las empresas puedan concluir el proceso, siguen existiendo dudas en los criterios de interpretación de la autoridad respecto a algunos sectores e industrias, generando confusiones como en el de la construcción, servicios de seguridad, la actividad de promotoría de productos, entre otros, que podrían enfrentar paros en sus operaciones, pues al no estar registradas las facturas que emitan no serán deducibles.
Pese a las negativas, desde Coparmex reconocen el avance de las empresas que han logrado su registro y afirman que seguirán insistiendo ante la STPS y el Congreso para que se homologue el plazo de implementación al 01 de enero de 2022 y se evite la pérdida de empleos y afectaciones a la economía.
