Con el objetivo de proteger el patrimonio y la seguridad jurídica de las empresas e incorporar la implementación de mejores prácticas de cumplimiento, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llevó a cabo el foro “Impacto de la Reforma Fiscal 2022 en materia de Prevención de Lavado de Dinero”.
Sostuvo que desde una perspectiva de equidad e inclusión, Coparmex busca que la información llegue a todas las empresas para que estas cuenten con las herramientas necesarias que les permitan llevar su procedimientos en orden, hacerlas rentables, humanas; que puedan cumplir con sus responsabilidades, cuidar su patrimonio y el de sus colaboradores.
El presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de Coparmex Ciudad de México, Octavio Martínez Cruz en su intervención “Aspectos Corporativos de la nueva figura del beneficiario controlador en el Código Fiscal de la Federación”, detalló los mecanismos que servirán para evitar sanciones por parte de la autoridad como por ejemplo: contar con los libros corporativos.
Antonio Barragán Cabral, consejero delegado de Prevención de Lavado de Dinero en Coparmex Nacional en su análisis “Beneficiario Controlador, su impacto fiscal y en materia de Prevención de Lavado de Dinero” detalló que el beneficiario controlador es o pueden ser personas físicas de las que se presume salieron los recursos con los cuales operan las personas morales, es decir: en principio socios, accionistas, órgano de administración, etc.
Explicó que para evitar sanciones, se deben conformar expedientes para identificar a las personas físicas que cumplen el rol de beneficiario controlador y acompañar esos datos, con información oficial para acreditar y verificar que el contenido es veraz.
En la sesión de preguntas y respuestas, Barragán Cabral puntualizó que para las empresas que incumplan con las disposiciones en la materia, el Código Fiscal de la Federación contempla multas de entre 1.5 hasta 2 millones de pesos por cada expediente que no se tenga respecto de los beneficiarios controladores, mientras que si la información no está actualizada, la sanción puede ser desde 800 mil hasta 1 millón de pesos.
