Con el objetivo de promover que las empresas tengan información actualizada que les permita detectar riesgos y cumplir con la legislación en materia de prevención de lavado de dinero, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, llevó a cabo un foro en la materia.
El Presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, señaló que la prevención de lavado de dinero es un tema que dejó de ser solo del sector financiero y, por la naturaleza de los delitos, se convirtió en un tema que compete a todos en el sector privado por el alcance que puede tener en las empresas.
“Es por ello que hemos empezado por reconocer la importancia de la gestión de riesgos y de la implementación de sistemas de control que nos ayuden a mitigarlos, con el objetivo de evitar los actos que puedan considerarse una amenaza o generar inestabilidad en nuestras empresas.
“Las tendencias mundiales apuntan a responsabilizar a las personas jurídicas, además de las personas físicas, en la detección de riesgos y las denuncias de los ilícitos cometidos; es por ello que actualizarnos en la materia, es una prioridad para los socios de COPARMEX”, señaló.
Destacó que la importancia de este tema para la Confederación la llevó a crear este año la Consejería Delegada en materia de prevención de lavado de dinero, encabezada por Antonio Barragán Cabral, a quien agradeció por la organización del foro.
“Eventos como en el que participamos esta mañana son una muestra de que las empresas están más seguras si evalúan, diagnostican, denuncian y cooperan en la prevención del lavado de dinero. Lo ideal es que los socios COPARMEX y las empresas mexicanas, se atrevan a contar con un programa de prevención de lavado de dinero que nos permita contar con la actualización de las disposiciones en la materia y estemos al día respecto a las novedades en los estándares internacionales”, resaltó Medina Mora.
La diputada federal Patricia Terrazas, integrante de la Comisión de Hacienda, se refirió a los cambios fiscales aprobados recientemente en la Cámara Baja y que regirán en 2022, y alertó sobre diversas disposiciones que dejan la puerta abierta para que las autoridades administrativas decidan conductas delictivas y en los hechos legislen en lugar de sólo administrar.
Destacó que desde la autoridad se sigue insistiendo en que todo mundo va a hacer trampa y a emitir facturas con empresas fantasma, lo que permite al Gobierno tener manga ancha para frenar a una empresa a través, por ejemplo, de la cancelación de los sellos fiscales.
“Y eso queda en manos de un auditor y muchas veces las personas que están tomando decisiones no tienen capacidad para discernir si es falta de materialidad o simplemente no entiende el tema. Estos temas son de alta especialidad y no hay muchas personas que los entiendan y no hablo sólo de afuera, sino dentro, de la autoridad donde hay gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo”.
Insistió en que diversas revisiones al cumplimiento fiscal de las empresas deben estar en manos de funcionarios expertos, lo que no siempre sucede e incluso alertó que la información de las empresas puede caer en manos de malhechores.
