Como parte de un compromiso para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) concretó compromisos encaminados a ello: tener una política exhaustiva y transversal que prevenga, detecte, investigue y sancione los actos deshonestos y las faltas administrativas al interior de la institución; y, convertirse en un órgano transparente, que permita el pleno acceso a la información, a las políticas que se implementan, a la gestión y aprovechamiento de los recursos económicos, materiales y humanos.
Una de las estrategias para cumplir con estos compromisos es la adopción de una ética judicial; medidas para la prevención y el combate a la corrupción; fortalecimiento de la transparencia y del acceso a la información; así como la implementación de un modelo de justicia abierta.
Para poder garantizar la transparencia, promover la integridad y la rendición de cuentas, La Corte da seguimiento a la recepción de las declaraciones de situación patrimonial de las y los servidores públicos que laboran en la institución, a fin de que sea posible verificar la congruencia entre sus ingresos y egresos, para prevenir y detectar casos de enriquecimiento inexplicable o injustificado.
En el presente año, en el Sistema de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses se recibieron un total de 4,375, de ellas se creó una versión pública, en las cuales se suprimieron los datos personales, para poder publicarlas en el Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y en la página de Internet de La Corte.
Dentro de las medidas para la prevención y el combate a la corrupción está el fortalecimiento de los procedimientos de responsabilidad administrativa, con dos áreas especializadas: la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), encargada de recibir y tramitar las denuncias o quejas que se presenten; y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial (DGRARP), a la que le corresponde la substanciación de los procedimientos que se siguen a las personas servidoras públicas, con excepción de las y los ministros.
La UGIRA contaba con 33 expedientes de existencia anterior que, sumados a 398 ingresos de este año, arrojan un total de 431 asuntos tramitados, de los cuales egresaron 349, por lo que en existencia quedan 82 expedientes en trámite. Además, se dio seguimiento a 83 procedimientos de responsabilidad administrativa y se concluyeron 36 expedientes; por otro lado, 47 procedimientos de responsabilidad administrativa se encuentran en trámite.
Es de destacar que, durante este año no sólo se buscó transparentar el quehacer institucional y garantizar el derecho al acceso a la información pública, sino también fortalecer mecanismos que contribuyan a que la información difundida sea útil, relevante, oportuna, clara, comprensible y de calidad, para que la sociedad conozca y evalúe la labor jurisdiccional y administrativa.
Como resultado de la verificación vinculante 2022-2023, que realiza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), La Corte, sus fideicomisos y el fondo JURICA obtuvieron cien por ciento en el Índice Global de Cumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General en la materia.
El Alto Tribunal recibió un total de 64,903 solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO. Las principales temáticas de las solicitudes son sobre expedientes jurisdiccionales, tesis y jurisprudencias, marco jurídico, directorio, información sobre personas servidoras públicas (currículum, expediente laboral, remuneración, prestaciones, entre otros), presupuesto, vacantes, contrataciones y estadística judicial.
Del total de solicitudes recibidas, en 61,709 se entregó la información de manera inmediata, al encontrarse disponible en medios de consulta pública. Las 3,194 solicitudes restantes se recibieron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) por medio de las cuentas asignadas a La Corte y a sus fideicomisos y fondo constituidos, y representaron un incremento de un 24% respecto de las que se recibieron en el ejercicio inmediato anterior.
El tiempo promedio de respuesta fue de 9.31 días hábiles, menor a la mitad del plazo de respuesta de 20 días hábiles que contempla la ley, lo cual se logró gracias a la mejora en los procesos de gestión de la Unidad de Transparencia y, sobre todo, al compromiso de las áreas administrativas y órganos de apoyo jurisdiccional.
Como parte del modelo de justicia abierta, se desarrolló el Portal de Estadística Judicial @lex, donde se registraron 73,340 visitas, lo que implica que en el periodo 2022-2023 hubo un incremento de 114%, y se publicaron 1,193 nuevos registros, correspondientes a solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción (452), acciones de inconstitucionalidad (341), amparos en revisión (238) y controversias constitucionales (162).
