La Secretaría de Salud (SSA) y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) deben dar respuesta puntual a los 505 comentarios expresados por la sociedad y las empresas en el periodo de consulta pública al que fue sometido el proyecto con el que se pretende reformar el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.

A través de la #AlertaRegulatoria de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) detectaron que dicho proyecto de la SSA que ingresó originalmente a Conamer el 26 de mayo, fue dado de baja el 07 de julio y reingresado el mismo día sin cambios en su contenido, pero con modificaciones en la clasificación de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR).

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Dicha situación es alarmante, toda vez que representa una violación del proceso de consulta pública, ya que, de facto, la SSA cancela los comentarios ciudadanos manifestados en el periodo de consulta pública al relanzar el mismo proyecto, pero con un nuevo expediente.

Coparmex afirma que una acción de esta naturaleza contraviene el espíritu de la Ley General de Mejora Regulatoria que promueve, entre otras cosas, la transparencia y la máxima participación ciudadana. Hacemos un llamado a la SSA y a la CONAMER para que retomen los 505 comentarios que se expresaron ya que son válidos y deben recibir una respuesta puntual.

Es además necesario que al proyecto se le otorgue la clasificación correspondiente como AIR de alto impacto en la competencia y análisis de riesgos, toda vez que esa era la clasificación que se le había asignado al proyecto en su primer ingreso a la Comisión.

Más aún, consideramos fundamental que la CONAMER, como agencia del gobierno encargada de impulsar la mejora regulatoria en el país, garantice que la participación ciudadana no sea excluida de este, ni de ningún proceso regulatorio que así lo amerite.

Confiamos en que las autoridades federales respetarán el proceso de consulta pública, tomarán en cuenta los comentarios vertidos en el expediente original y evitarán en lo sucesivo, incurrir en prácticas que constituyen una violación a los procesos de consulta o aprobaciones fast track.