Análisis del Centro de Estudios Económicos del sector privado. CCE Nacional.
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Normalmente, en el primer año de cada sexenio se registra una disminución en el ritmo de crecimiento de la economía, que podría atribuirse al periodo de aprendizaje del nuevo gobierno. Pareciera que esto podría o debería moderarse en buena medida si los proyectos y programas públicos tuviesen mayor continuidad y fuesen multianuales.
Sin embargo, esto no necesariamente está ocurriendo, a pesar de que el nuevo gobierno, al ser del mismo partido político que el previo, debería asegurar, como lo señala el discurso político, el crecimiento económico por la continuidad de los principales programas y proyectos sociales instrumentados por el gobierno anterior. Es evidente, con las últimas cifras económicas, que no se refleja ningún efecto positivo en la actividad económica.
Posiblemente, parte de la razón del debilitamiento de la economía es que la mayor proporción del gasto público se canaliza a gasto corriente para cubrir los crecientes programas asistenciales que se anuncian, en lugar de destinar más recursos a la inversión fija en infraestructura que es requerida para estimular la inversión privada, el crecimiento económico y el empleo.
En este contexto, el INEGI informó que durante el primer trimestre del año el PIB creció 0.2%, lo que significó una mejora respecto a la caída de 0.6% que tuvo el trimestre previo. Incluso superó el pronóstico de los especialistas del sector privado que anticipaban una disminución de 0.2%. Esto permitió que en su comparación anual el PIB creciera 0.6% que, si bien es ligeramente mayor a la del trimestre previo, es la segunda más baja desde el mismo periodo del 2021.
Este comportamiento de debilidad no sorprende dado el creciente entorno de incertidumbre frente a temas internos como la debilidad del estado de derecho, la próxima elección de integrantes del poder judicial, la corrupción, la impunidad, la inseguridad y los problemas de regulación, a lo que se suma la creciente preocupación por los efectos adversos de la política arancelaria de los Estados Unidos.
Prácticamente todos los especialistas e instituciones relevantes prevén un debilitamiento de la actividad económica mayor a lo que oficialmente se anticipa. Mientras que el pronóstico oficial para 2025 presentado en el documento de Pre-criterios 2026 se ubica en un rango de entre 1.5% – 2.3%, la estimación del Banco de México lo ubica en 0.6%, en tanto que la expectativa más reciente de los especialistas del sector privado prevé un avance de solo 0.1%. El Fondo Monetario Internacional anticipa una caída de 0.3%.
Es claro que la evolución de los indicadores económicos oficiales corrobora el deterioro de las expectativas de los especialistas y su percepción del entorno económico. El comportamiento del PIB para el primer trimestre del año siembra más dudas en cuanto a la posibilidad de lograr los objetivos deseados de crecimiento económico. El reto de revertir la tendencia es urgente, aunque poco probable, al menos en el corto plazo.
El CEESP ya ha señalado que la inversión, tanto pública como privada es fundamental para estimular el crecimiento y el bienestar. Sin embargo, dado el entorno de incertidumbre que prevalece, parece ser que las empresas ya establecidas en el país y otras interesadas en hacerlo están replanteando sus programas de inversión.
Como también ya lo hemos señalado, esta percepción responde en buena medida a la falta de certeza jurídica y la preocupación por los efectos de la Reforma Judicial, además del nerviosismo por la política comercial de los Estados Unidos.
Hay que recordar que, si bien el análisis de la consultora Kearney indica que México regresó al grupo de los 25 países más atractivos para invertir, es importante señalar que se mantiene en la última posición. Esto se puede relacionar con el análisis del World Justice Project, que ubica a nuestro país en la posición 118 de un universo de 142 países en materia de estado de derecho, 20 lugares por debajo de su ubicación en 2019. Asimismo, Transparencia Internacional reportó que tan solo en 2024 nuestro país perdió catorce posiciones en materia de percepción de la corrupción.
Es claro que los riesgos son diversos, pero al parecer la reforma judicial, por lo que representa, puede ser el más preocupante. El temor de que no garantice el sistema de justicia puede incidir negativamente en la decisión de invertir.
El CEESP ya ha señalado que la inversión privada es el componente idóneo de la demanda agregada que puede revertir la tendencia de debilitamiento. Sin embargo, la posibilidad de nuevas inversiones en hidrocarburos y energía sostenible, así como inversiones en electricidad, que son fundamentales para fortalecer la actividad productiva y hacer más productivo y competitivo el aparato productivo del país, siguen estando limitadas para el sector privado, cuando es una fuente importante para su reactivación frente a un sector público limitado en recursos y capacidad operativa para estas actividades.
Por el lado de la inversión pública, además de ser reducida, es dudoso que los proyectos que están en el presupuesto tengan rentabilidad social. Desafortunadamente no hay estudios beneficio/costo (social) que permitan determinar si convienen o no al país en algún sentido, particularmente en términos de generación de crecimiento. Aunado a esto, el gasto público está restringido por los programas sociales y de otros recursos comprometidos que lo limita a participar eficientemente en la inversión productiva, especialmente en infraestructura.
Esto no quiere decir que en algún momento no sea posible retomar la senda del crecimiento económico del país de manera sostenible a fin de alcanzar tarde o temprano un ritmo de crecimiento que mejore igualmente de manera sostenida el bienestar de los hogares.
Sin embargo, para ello es indispensable que se den las condiciones adecuadas, que aún no se presentan. Dentro de ellas hemos insistido en el reforzamiento del estado de derecho, la continuación de la estabilidad fiscal y financiera del sector público, mejores políticas de competencia, una regulación mesurada y eficiente, y la reducción de los costos de los procesos económicos.
Además, es imprescindible asegurar que los proyectos de inversión pública generen beneficios sociales netos positivos, mediante el uso de metodologías de evaluación estrictas.
De igual manera, para que la inversión produzca mayores frutos en crecimiento, es deseable elevar la productividad factorial y laboral de la economía, que incluyen aquellas para alentar la formalización del trabajo y la reducción de los costos laborales indirectos.
Finalmente, hay que considerar que, en la medida que el bajo crecimiento del PIB persista, la sostenibilidad del programa económico oficial se podría cuestionar, pudiendo acarrear consecuencias importantes en materia de estabilidad macroeconómica. Sería más difícil mantener la sustentabilidad fiscal ya que los ingresos públicos podrían ser menores a lo programado.
En esta situación, el mantenimiento de la salud fiscal obligaría a mayores ajustes a un gasto público que al parecer comienza a tener correcciones a la baja, lo que probablemente puede generar recortes a la inversión fija, dada la determinación del gobierno de llevar a cabo los programas sociales.
